La disputa por el pedido de reincorporación de 36 ex empleados de la Caja Popular de Ahorros (CPA) es uno de los principales ejes del tenso conflicto entre la Asociación Bancaria y los gobiernos de la Provincia y la Nación. Incluso, este fue uno de puntos del reclamo que esta semana incluyó un paro de actividades en el sector bancario y movilizaciones en todo el país, entre otras medidas de fuerza.

El secretario general del sindicato, Sergio Palazzo, aseguró el martes que la Justicia federal había ordenado a la CPA que devolviera los puestos de trabajo a los ex contratados en cuestión. Pero el interventor del ente crediticio estatal, Armando Cortalezzi, le dijo ayer a LA GACETA que “aún no se ha recibido notificación (judicial) al respecto”. “De todas formas, ante la difusión de algunas versiones en los medios, he pedido a los abogados (de la Caja) que consulten para ver si es real y de qué se trata. Por eso no conozco los detalles, pero si (esa disposición) existe voy a ser respetuoso de lo que resuelva la Justicia”, aseveró Cortalezzi.

A inicios de 2013, dirigentes locales de la Bancaria dieron a conocer una situación generada en la CPA. Según denunció entonces Eduardo Bourlé, referente local del gremio, fueron despedidos 36 trabajadores que llevaban varios años prestando servicios para el ente financiero tucumano. Cortalezzi, por su parte, asegura que “no es que uno pueda considerar u opinar respecto a esto, ya que la situación es clara: son contratos que han terminado”. “No son despedidos ni nada similar”, insistió ayer el interventor de la Caja Popular.

Durante los meses de la disputa entre la gestión alperovichista y la Bancaria hubo momentos de tensión extrema. En mayo pasado, por ejemplo, se desató un violento episodio durante una protesta frente a la plaza Independencia. Los bancarios afirmaron que la Policía reprimió a los trabajadores. Hubo varios heridos con postas de goma; entre ellos, el propio Bourlé.

Según dio a conocer la agencia de noticias Télam, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones de la Justicia Federal, integrada por Juan Fernández Madrid y Luis Raffaghelli, ordenó “la inmediata reincorporación” de los trabajadores en cuestión. “Se efectuó un relato sobre la situación precaria del personal contratado y se solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución 769/12 y de las que discontinuaron contratos de la Caja de Tucumán (sic) como medida de acción antisindical”, señaló el juez Fernández Madrid en el fallo, siempre según Télam.

El vocal Raffaghelli añadió en la sentencia que el 16 de julio de 2013 el Ministerio de Trabajo había intimado a la CPA a abstenerse de adoptar represalias contra el personal representado por la Bancaria.

El tribunal hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el sindicato, y ordenó a la Caja Popular que reponga de inmediato en sus puestos de trabajo al personal en idénticas condiciones a las que antes del cese de los contratos, bajo apercibimiento de “una multa de $ 30.000 por día de demora”.

En los últimos meses, había surgido la chance de que los ex trabajadores fueran tomados por otras entidades financieras locales, aunque esto luego fue perdiendo fuerza. Ayer, Cortalezzi insistió en que no conocía la resolución judicial. “No puedo decir qué se va a hacer; no hemos sido notificados”, aclaró.